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LA UIF SOLICITÓ EL PROCESAMIENTO E INMEDIATA DETENCIÓN  DEL CLAN ALE


La UIF solicitó al juez Poviña que dicte el procesamiento con prisión preventiva de los 13indagados en la causa Ale por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Además solicitó se los embargue preventivamente a fin de asegurar la multa derivada de una eventual condena.

La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Luis Fernando Poviña -titular del Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán- el procesamiento e inmediata detención de 13 imputados en la causa Nº 32.191/2013, caratulada “UIF s/su denuncia”. Tras las declaraciones indagatorias, la UIF sostuvo que ya se cuenta con pruebas suficientes para acreditar la participación de cada uno de ellos en los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, advirtiendo graves inconsistencias y contradicciones en sus declaraciones.

Por un lado, la Unidad pidió el procesamiento con prisión preventiva de Rubén Eduardo “La Chancha” Alé y María Jesús Rivero por la comisión del delito de Asociación Ilícita (artículo 210 del Código Penal) en concurso real con el delito de Lavado de Activos (artículo 303 del Código Penal) en calidad de jefes u organizadores. La participación de Víctor Alberto Suárez, Fabián Antonio González y Oscar Alberto Dilascio fue encuadrada bajo los mismos delitos, pero en calidad de autores o coautores.

Por otro lado, respecto de Pablo González, Valeria Fernanda Bestán, Julia Esther Picone, María Florencia Cuño, Ángel Adolfo Ale, Andrea Viviana Acosta y Adolfo Ángel “Mono” Ale, la UIF requirió se dicte el procesamiento con prisión preventiva por el delito de Lavado de Activos en calidad de autores o coautores. En el caso de Daniela Natalia Milhein se pidió su procesamiento por el delito de Asociación Ilícita en calidad de coautora.

En su presentación la UIF solicitó embargos por un total de 345.627.712 pesos, estimando en cada uno de los casos el grado de implicancia que habrían tenido en la maniobra delictiva. En caso de no obtener los fondos para cubrir dicho monto, se exigió se disponga la inhibición general de bienes.

Además el organismo requirió se tomen medidas de prueba complementarias como informar al Tribunal Superior de Justicia de la Rioja, Santiago del Estero y a la Corte de Justicia de Catamarca, con el fin de identificar si los imputados estuvieron implicados en otros procesos penales. En cuanto a la firma Point Limits SRL -dedicada a los juegos de azar y vinculada a los Alé- se instó a consultar a la Caja Popular de Ahorros de la provincia de Tucumán respecto al pago de cánones percibidos por la firma, así como lo referente a licencias o habilitaciones que se hayan registrado bajo esa firma.

La Unidad también postuló necesario el Registro Público de Comercio de Tucumán informe acerca de todas las reservas de nombre o solicitudes de conformidad administrativas al igual que todas las escrituras donde se registren operaciones de compraventa, gravámenes o cualquier tipo de cesiones de derechos posesorios o hereditarios de bienes inmuebles en los cuales se encuentren involucrados los imputados.

La causa se inició a principios de 2013 a partir de una denuncia realizada por la UIF ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) con el objeto de investigar la presunta comisión de múltiples ilícitos por una organización criminal conformada tanto por personas físicas como jurídicas, tendientes al lavado de activos provenientes de la trata de personas para su explotación sexual.