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LA UIF PIDIÓ SER PARTE EN LAS CAUSAS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE TRES FUNCIONARIOS PÚBLICOS
La Unidad de Información Financiera solicitó ser tomada como parte querellante en las causas por enriquecimiento ilícito contra tres funcionarios públicos. Estos funcionarios poseían cuentas no declaradas en el exterior y operaban a través de una cueva financiera ubicada en una sede del Banco BNP Paribas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) se presentó como parte querellante en los juicios que tramitan contra tres funcionarios públicos a raíz de las investigaciones realizadas en una causa contra el Banco BNP Paribas por lavado de activos. En el allanamiento de la sede de la calle Alem de ese Banco, la justicia descubrió que allí operaba una cueva financiera que había fugado al exterior más de 900 millones de dólares no declarados.
Entre los clientes de la cueva figuraban10 funcionarios públicos y 11 particulares. Estos últimos fueron rápidamente sobreseidos. La UIF solicitó ser tenida por parte querellante en tres de las causas aún activas. Estas son “Vázquez, Edgardo Andrés s/ enriquecimiento ilícito”, “García Moritán, Roberto s/ enriquecimiento ilícito” y “Astiasarán, Rubén s/ enriquecimiento ilícito”.
En la primer de ellas, están imputados el Director de la Dirección Regional Sur de la AFIP, Edgardo Andrés Vázquez y su hermana, por el depósito irregular de fondos en una cuenta bancaria de la sucursal de la Isla de Curazao del IGN Bank NV de Suiza entre 2004 y 2006 donde tenían más de 460 mil dólares. Además tenían otra cuenta con 461 mil dólares en una sucursal del BNP Paribas en Luxemburgo.
El expediente radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo del Juez Sergio Torres, revela que ninguna de las dos cuentas fueron indicadas en las declaraciones juradas de los Vázquez. Según su perfil patrimonial, su capital promedio era de unos 900 mil pesos.
En la segunda causa, están implicados Roberto García Moritán, María Lucía Fernández Llanos y Patricio García Moritán, quienes entre 1999 y 2008 resultaron titulares de diversas inversiones y cuentas bancarias del exterior. Operaban entre 364 y 500 mil dólares a través del ING Bank NV de Suiza y guardaban más de 530 mil dólares en una cuenta del BNP Paribas de Suiza. Todo ello, por fuera del sistema financiero legal.
García Moritán se desempeñó, desde 1969, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, hasta el 2008 que renunció al cargo de embajador. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9, a cargo del Juez Sergio Torres, determinó que esos bienes no aparecían en las declaraciones juradas del funcionario ni de sus familiares. Además destacó que la AFIP no tenía constancias sobre sus ingresos ni su consumo mensual, lo cual impedía establecer el promedio de su patrimonio en el país.
La tercer causa en la que UIF pidió ser querellante está radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8 del juez Marcelo Martínez De Giorgi, e involucra a Rubén Astiasarán y sus familiares, Jorge Astiasarán, Gustavo Astiasarán, Elba Merino de Astiasarán y María Cecilia Calleja. La documentación hallada en la oficina clandestina del BNP Paribas de Puerto Madero permite inferir que, entre los años 2000 y 2006, Rubén Astiasarán y sus familiares poseían entre 110 y 124 mil dólares y activos por 10.300 dólares en la cuenta del ING Bank NV de Curazao.
Además en el 2006 tuvieron una suma de más de 125 mil dólares en una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. Rubén Astiasarán fue Prefecto General de la Prefectura Naval argentina hasta 1999. Luego, en el 2004, se reincorporó en calidad de retirado en servicio con el cargo de Presidente de la Junta asesora Permanente para el Personal Superior y Legajos -dependiente de la Dirección de Personal de ése organismo-. Al igual que los otros acusados, Rubén Astiasarán no indicó en sus declaraciones juradas ser titular de bienes en el exterior. Ante la AFIP dijo que su capital promedio había oscilado entre 150 mil y 300 mil pesos en esos años.
En la presentación realizada por la UIF ante los jueces Torres y Martínez De Giorgi, solicitó se tomen medidas cautelares tendientes al embargo preventivo, decomiso, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas de los implicados en las causas, en pos de prevenir la comisión de delito o evitar que se consolide su provecho.