Acerca de la Unidad de Información Financiera

 

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue creada en el año 2000 a través de la Ley N° 25.246 para la investigación del delito de Lavado de Activos. Inicialmente, sus funciones eran fundamentalmente administrativas.

En junio del año 2007, con la aprobación de la Ley N° 26.268  que tipifica el Terrorismo y su financiación, también se le encomienda a la UIF el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir dichos delitos.

En 2008 se dictó el Decreto N° 2226, habilitando al titular de la UIF a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten.

En diciembre de 2010, el Decreto N° 1936 dotó a la UIF de nuevas e importantes facultades como la coordinación a nivel nacional, provincial y municipal de todos los organismos públicos relacionados con la prevención del Lavado de Activos y la representación del país ante los organismos internacionales.

Luego, en el año 2011, tuvieron lugar dos hechos de gran trascendencia en materia normativa contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. El Honorable Congreso de la Nación adecuó las tipificaciones de los delitos de Lavado de Activos a través de la Ley N° 26.683 y de Financiación del Terrorismo a través de la Ley N° 26.734. El nuevo andamiaje legal y los cambios introducidos en materia de gestión, junto con el fuerte compromiso político asumido por la Argentina a nivel internacional contra los delitos de LA/FT, permitieron alcanzar un sistema preventivo coherente y conciso.

Más tarde, la Ley N° 26.733 incorporó a nuestro Código Penal los delitos de manipulación de mercado y el uso de información privilegiada y la Ley N° 26.831 determinó una reforma radical del funcionamiento del mercado de capitales, poniendo fin a la llamada “autoregulación”, estableciendo a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como el único organismo de control de la oferta pública en el país y eliminando los secretos en el intercambio de información entre los reguladores.

Por último, el Decreto N° 918, dictado el 14 de junio de 2012, fortaleció aún más las herramientas con las que contaba la Argentina para combatir el delito de Financiación del Terrorismo, adecuando nuestras disposiciones a las regulaciones internacionales vigentes en la materia, en especial las Resoluciones N° 1267 (1999) y N° 1373 (2001) y sus sucesivas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

El Decreto dispuso que en caso de recibir un Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo (RFT) -siempre y cuando éste sea procedente- la Unidad de Información Financiera (UIF) podrá ordenar, mediante Resolución fundada, el congelamiento administrativo inmediato de los bienes o dinero del sujeto reportado. Luego, la medida deberá ser ratificada, rectificada o revocada por el juez federal competente.

 


La UIF lleva a cabo sus tareas en tres etapas:

1) Hay una primera etapa de prevención y/o detección de operaciones sospechosas en la cual se recibe la información proveniente de los distintos sujetos obligados y por denuncias voluntarias de ciudadanos. Esta información reviste las formas de Reportes de Operación (ROS), Reporte Sistemático Mensual y Reportes Voluntarios.

2) En la segunda etapa de análisis y actuación administrativa se utiliza la información proveniente de los reportes y se realiza la evaluación del riesgo implícito a través de la matriz de riesgo. Esta matriz permite detectar por un lado los incumplimientos y por otro lado, genera varios tipos de alertas, como por ejemplo las de supervisión.

3) La tercera y última etapa es la judicial. En esta instancia la UIF lleva a cabo oficios, colaboraciones judiciales y querellas que pueden estar relacionados con casos que han sido elevados a la Justicia a instancias de las investigaciones de la UIF sobre maniobras de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo u otros delitos a partir del análisis de las operaciones sospechosas-, o con casos de LA/FT judicializados por delitos penales.

También puede ocurrir en esta etapa, que un sujeto sancionado por la UIF recurra a la justicia.

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