Breve reseña histórica.

Las primeras Unidades de Información/Inteligencia Financiera (UIFs), se crearon en la década del ’90 con el objeto de contar con un organismo central dedicado a recibir, analizar y transmitir información financiera para combatir el lavado de dinero.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dentro del marco de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (AML/CFT), han provisto asistencia técnica a los países para la creación y fortalecimiento de sus UIFs.

A partir de la sanción (13/04/2000) y promulgación (05/05/2000) de la Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo” y sus Decretos Reglamentarios Nº 169/2001 y 170/2001, la República Argentina actualizó su legislación en materia de prevención y control del lavado de dinero acorde a los parámetros internacionales.

El régimen normativo menciona taxativamente los sujetos obligados a informar operaciones económicas sospechosas y creó una agencia central de información para receptar tales reportes denominada Unidad de Información Financiera, disponiendo que la misma funciona con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Las Recomendaciones Especiales del GAFI sobre Financiamiento del Terrorismo, adoptadas en octubre de 2001, ampliaron el alcance de la obligación de informar para incluir a las operaciones sospechadas de estar relacionadas con el financiamiento del terrorismo. Por este motivo, la sanción (13/06/2007) y promulgación (04/07/2007) de la Ley Nº 26.268, sobre “Asociaciones ilícitas terroristas y Financiamiento del Terrorismo”, extendió el mandato de la Unidad de Información Financiera al análisis de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

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